Con el fin de reducir las cargas
administrativas a las empresas aragonesas, el INAGA ha dictado una
Resolución por la cual se van a devolver a 131 empresas aragonesas del
sector de los residuos no peligrosos, los avales y cuantías entregadas
en depósito que, en su día tuvieron que depositar para obtener su
autorización, por una norma propia aragonesa del año 2000 más exigente
que la legislación básica del estado español.
Esta
medida, según explica Nuria Gayán, Directora del INAGA, se ha podido
poner en práctica gracias a los cambios normativos promovidos por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en concreto
está contemplada en el Decreto 133/2013, de simplificación de
procedimientos en materia de medio ambiente.
Así,
mientras en otras Comunidades Autónomas los gestores de residuos no
peligrosos no tenían la obligación de depositar un aval ante la
Administración, en Aragón se ha venido exigiendo desde el año 2000, y
este requisito afectaba a la competitividad de nuestras empresas, por
suponer una importante traba económica de cara al acceso al crédito.
Las
empresas beneficiadas por esta medida son recogedores y recicladores de
vidrio, papel y cartón, plástico, chatarras metálicas, lodos de
depuradoras urbanas, etc. Las cuantías de los avales son muy variables,
si bien la cifra más habitual oscila entre los 10.000 y 30.000 euros.
Gayán
ha recalcado que estas empresas gestoras no tendrán que presentar
ninguna solicitud, ya que será la DGA quien contactará con cada una de
ellas en los próximos días, a través de la Caja de Depósitos, para hacer
efectiva la citada devolución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario