Fuente: WWF España
15 años después del desastre ambiental de Aznalcollar, el dragado de profundización y el almacenamiento de gas natural, vuelven a amenazar el Parque de Doñana.
15 años después del desastre ambiental de Aznalcollar, el dragado de profundización y el almacenamiento de gas natural, vuelven a amenazar el Parque de Doñana.
El Info Doñana de WWF de abril demuestra que los impactos del dragado sobre el estuario lo hacen inviable. Según la organización, se ponen en riesgo puestos de trabajo en el sector agrícola, pesquero acuicultor o del turismo de naturaleza.
Además, el dragado aumentará los problemas del Guadalquivir, como la erosión o la turbidez, y afectará de forma irreversible a los servicios ambientales que el Guadalquivir proporciona a la economía y la sociedad del Estuario y del Golfo de Cádiz.
WWF alerta de que todo esto tendrá un enorme coste no sólo ambiental, sino también económico.
Los nuevos proyectos de gas en Doñana, que se suman a más de 15 previos, suponen un riesgo adicional para el Espacio Protegido que no ha sido convenientemente valorado. A juicio de WWF, Doñana no debe convertirse en un almacén permanente de gas, en especial sus zonas más sensibles, como sería este caso, que por ley han de estar dirigidas a la conservación de los valores naturales de este Espacio Natural único en el mundo.
WWF reclama a las administraciones públicas competentes –Gobierno Central y Junta de Andalucía- que pongan fin a estas amenazas impidiendo ambos proyectos por sus severos impactos ambientales sobre los espacios y valores naturales de Doñana.
Los nuevos proyectos de gas en Doñana, que se suman a más de 15 previos, suponen un riesgo adicional para el Espacio Protegido que no ha sido convenientemente valorado. A juicio de WWF, Doñana no debe convertirse en un almacén permanente de gas, en especial sus zonas más sensibles, como sería este caso, que por ley han de estar dirigidas a la conservación de los valores naturales de este Espacio Natural único en el mundo.
WWF reclama a las administraciones públicas competentes –Gobierno Central y Junta de Andalucía- que pongan fin a estas amenazas impidiendo ambos proyectos por sus severos impactos ambientales sobre los espacios y valores naturales de Doñana.
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